*** Fue Declarada Absuelta, el Viernes Pasado
Por Ulises CERVANTES / The UNIVERSE News / EL UNIVERSO.
Ciudad de México.- A Juicio de la Fiscalía General de la República (FGR), el desvío de recursos cometido en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, entre 2012 y 2018, constituyen “uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país”.
Y “hasta este momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos, y existen 24 casos penales federales en los que están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento”.
La Oficina de Alejandro Gertz Manero emitió ayer un nuevo posicionamiento en torno al caso conocido como estafa maestra, luego de que un juez federal exoneró a Robles Berlanga de dos acusaciones por ejercicio indebido del servicio público.
Robles fue detenida en agosto de 2019, pasó tres años recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y en agosto del año pasado obtuvo el beneficio para enfrentar su proceso en libertad.
El viernes fue declarada absuelta de ejercicio indebido, pero está pendiente una orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fuentes ministeriales señalaron sobre estas investigaciones que la FGR otorgó un criterio de oportunidad a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, y aunque varios ex funcionarios sujetos a proceso penal lo han señalado de falsificar sus firmas y convenios comerciales, no será llevado a proceso penal por colaborar con la FGR.
La fiscalía general indicó que “la afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario R., a quien se imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal.
Ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto, y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo, lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva”.
Aseguró que “todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente, y el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de juez de control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario R., es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”.
