Seattle.-(Redacción/ Agencias) Un juez federal suspendió parcialmente una prohibición del gobierno de Donald Trump para que ciertos refugiados ingresen a Estados Unidos. Lo anterior, después de que dos grupos argumentaron que esa política impide a personas de algunas naciones musulmanas reunirse con familiares que están legalmente en el país.
El juez federal de distrito James Robart escuchó argumentos el jueves en demandas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Jewish Family Service (Servicio a Familias Judías), los cuales dicen que dicha prohibición provoca un daño irreparable y pone en riesgo a algunas personas.
Los abogados del gobierno argumentan que la medida es necesaria para proteger la seguridad nacional. Robart le ordenó al gobierno federal que dé el debido proceso a ciertas solicitudes de refugiados, pero también indicó que su directriz no es aplicable a las personas que carezcan de una relación comprobable con una persona o entidad en Estados Unidos.
Un día antes de que emitiera esa orden ejecutiva, el secretario de Estado, Rex Tillerson, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, y el director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, enviaron un memorándum al mandatario en el que afirman que se les debe prohibir el ingreso a ciertos refugiados a menos que se implementen medidas de seguridad adicionales.
Se aplica a los cónyuges e hijos pequeños de refugiados que ya se han establecido en Estados Unidos, y suspende el programa de refugiados para personas que provienen de 11 países, nueve de los cuales son musulmanes. En su decisión, Robart escribió que exfuncionarios detallaron concretamente cómo el Memo de las Agencias dañará los intereses de seguridad nacional y de política exterior de EU.
Indicó que su orden reestablece los procedimientos para los refugiados en los programas al nivel en el que estaban antes del memo, e hizo notar que esto ya incluye una verificación muy amplia de cada individuo. La ACLU argumentó que el memo no proporciona evidencia del por qué se requiere seguridad adicional, ni especifica un margen de tiempo para implementar los cambios. Los grupos dicen que el proceso para imponer la política viola una ley federal.
August Flentje, abogado del Departamento de Justicia, le dijo al juez que la prohibición es temporal y es una forma razonable y adecuada para que los directores de agencias hagan frente a los huecos en el proceso de revisión. Las demandas de los dos grupos fueron consolidadas en una acción civil colectiva y representan a refugiados a los que se les ha impedido ingresar al país.
