*** No Alcanzó Los Ocho Votos Para Invalidar Una Norma
Por Juan A. RODRÍGUEZ / EL UNIVERSO / The UNIVERSE News.
Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó inconstitucionalidad en el proceso legislativo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada por el Congreso de la Unión en octubre del 2018.
A Pesar de que una mayoría de seis ministros votó favor del proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán sobre la demanda de controversia constitucional impulsada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una minoría del Senado de la República contra la Ley de Remuneraciones, no se consiguió la mayoría calificada de ocho votos para invalidar una norma.
Durante la sesión de este jueves se discutió el quinto apartado del proyecto por presuntas violaciones graves en el proceso legislativo para la aprobación de la ley. No Obstante, cinco ministros consideraron que las acusaciones son improcedentes.
La Ley establece que ningún servidor gané por encima de las percepciones del presidente, es decir 108,074 pesos, además de que no se concederán pensiones o jubilaciones que o se encuentren dentro del ley o por contrato colectivo.
En Contra sentido, la CNDH considera que la aprobación de la norma transgrede la autonomía presupuestaria y afecta al principio de división de poderes.
El Ministro Pérez Dayán argumentó que el proyecto de sentencia destaca que transcurrieron más de seis años para que la Ley se aprobara desconociendo que durante ese periodo se aprobaron reformas constitucionales que impactan directamente en los ordenamientos.
Destacó que la inobservancia a lo dispuesto en la Constitución federal al Reglamento de la Cámara de Diputados provocó la emisión de una ley que no es congruente con el marco constitucional vigente.
“…Este ordenamiento propone calificar tales violaciones al proceso legislativo, con poder invalidatorio al afectar la calidad deliberativa y democrática de la representación nacional, entorpeciendo de manera significativa la responsabilidad de los legisladores”, sostenía el proyecto de Pérez Dayán, que no alcanzó la mayoría calificada.
